Senado aprueba histórica reforma al Poder Judicial

Ciudad de México / 11.09.2024

El Senado de la República aprobó este miércoles, tras una extensa discusión, la reforma al Poder Judicial que busca transformar profundamente su estructura. Con 86 votos a favor y 41 en contra, los legisladores de Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada necesaria para sacar adelante una de las reformas más significativas del sexenio. Entre las medidas más destacadas se encuentra la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, una propuesta que ha generado intensas reacciones tanto a favor como en contra.

Principales cambios de la reforma

Uno de los puntos clave de la reforma es la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9, con una duración en el cargo de 12 años en lugar de los 15 actuales. Además, se eliminarán las dos salas en las que actualmente se divide la Corte, pasando a operar únicamente en sesiones plenarias, las cuales serán públicas, eliminando la posibilidad de realizar deliberaciones privadas. Para aprobar sentencias será necesario contar con el voto favorable de al menos seis ministros.

Otra modificación trascendental es la eliminación del Consejo de la Judicatura, el cual será reemplazado por dos órganos nuevos: uno encargado de la administración del sistema judicial, que incluirá la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial que supervisará tanto a la SCJN como al resto del sistema judicial. Este tribunal tendrá la facultad de recibir denuncias contra jueces, magistrados y ministros, abriendo la puerta a una mayor fiscalización de sus actividades.

Elección por voto popular: la polémica propuesta

Sin duda, la parte más controvertida de la reforma es la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Bajo este nuevo esquema, dichos cargos serán elegidos cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales, ya sea para la presidencia o la renovación de la Cámara de Diputados. Los candidatos serán propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el propio Poder Judicial. De aprobarse esta reforma en su totalidad, la primera elección se celebrará en 2025.

Los actuales funcionarios judiciales se mantendrán en sus puestos hasta que sus sucesores sean elegidos y asuman el cargo. En el primer ejercicio de esta nueva figura, los ministros tendrán un mandato escalonado que se extenderá hasta los años 2033, 2036 y 2039, permitiendo una renovación gradual del máximo tribunal del país.

Debate en el Senado y tensiones en el pleno

La aprobación de la reforma no estuvo exenta de confrontaciones. Durante la sesión, los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron su oposición a la iniciativa, criticando la falta de debate y la velocidad con la que se sometió a votación. La senadora Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano solicitó suspender la votación debido a la ausencia de su compañero Daniel Barreda, quien se encontraba en Campeche, pero su petición fue ignorada.

La votación se realizó de manera manual, debido a la falta de tablero electrónico, con el pase de lista de cada uno de los 127 senadores presentes. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue una figura central en la sesión, enfrentándose a las protestas de la oposición y utilizando el reglamento del Senado para limitar los discursos en contra de la reforma. Ante las tensiones, incluso se registraron empujones entre las senadoras Gina Campuzano del PAN y Edith López de Morena.

Reacciones a la reforma

El presidente López Obrador ha sido uno de los principales defensores de esta reforma, asegurando que fortalecerá la legitimidad del Poder Judicial y restaurará la confianza del pueblo en sus instituciones. En su opinión, la elección popular de los jueces eliminará la “brecha sistémica” que existe entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Señaló que esta reforma no debilita la independencia del sistema, sino que la refuerza mediante la legitimidad otorgada por el voto popular.

No obstante, los críticos de la reforma argumentan que la elección de jueces por voto popular pone en riesgo la independencia judicial, al potencialmente someter a los funcionarios a presiones políticas y electorales. Organismos defensores de derechos humanos y expertos en derecho constitucional han advertido que la reforma podría minar la autonomía del Poder Judicial y convertir a los jueces en actores políticos.

Impacto en los estados

La reforma también incluye una cláusula que obliga a las entidades federativas a adaptar su legislación local para garantizar la independencia de jueces y magistrados, así como su elección por voto directo y secreto. Los estados tendrán 180 días para realizar estos cambios una vez que la reforma sea promulgada.

La aprobación de la reforma al Poder Judicial marca un antes y un después en la historia del sistema judicial en México. Aunque los cambios son amplios y polémicos, los próximos meses serán clave para observar cómo se implementa esta transformación y cuál será su impacto en la justicia del país.